Por Marina Isabel Pagani*
Según
la CEPAL(2022), en 2022 habitan en
América Latina y el Caribe aproximadamente 665 millones de personas, de las
cuales unos 91 millones son mayores de 60 años (un 14% de la población total).
Esta cifra representa un 75% más del total de personas mayores que había en
1980. Para 2030, se prevé que este número aumente a 118 millones (el 16,7% de
la población) y para 2050 se prevé que se eleve a 190 millones, lo que
equivaldría al 25% de la población regional.
A fines del siglo XXI, las personas
mayores serían 254 millones (Naciones Unidas, 2019b). Otra tendencia importante
a ser considerada es el envejecimiento entre las personas mayores.
El grupo de personas de 80 años y más, que actualmente representa el 2,0% del total de la población regional, unos 13,5 millones de personas, se incrementará a una tasa especialmente rápida y se proyecta que superará los 41 millones en los próximos 30 años (Naciones Unidas, 2019b)[1]
[1]
Gráfico II.2 América Latina y el Caribe: distribución relativa de la población
de personas mayores, por sexo y grupos
etarios, 1950-2050 (En porcentajes del total de personas mayores)
.
de
nuestras sociedades y el resultado directo de un mayor control sobre las
decisiones reproductivas y el aumento de la esperanza de vida en las edades más
avanzadas.
Es
fundamental incorporar la mirada demográfica en la identificación de las
necesidades de la población, su vinculación con el desarrollo y el diseño de
programas y políticas públicas eficaces. En ese marco, es central
profundizar en la reflexión sobre la vejez en la región, analizando las
políticas desarrolladas en América Latina y el Caribe, y las especificidades de
este grupo poblacional en el abordaje de las medidas integrales de atención a
las personas mayores[1]
La dinámica poblacional en la región y las
características de las personas mayores son altamente heterogéneas a causa de
las distintas etapas de los cambios demográficos y epidemiológicos por las que
atraviesa cada país. Si bien esto redunda en diferencias notables en la
organización de los cursos de vida personales, en todos los casos la
desigualdad social genera diferencias en la calidad de vida de las personas
mayores (Redondo y otros, 2020).
Desde su aparición, el COVID-19 ha
mostrado impactos diferenciados en las poblaciones y una tendencia a afectar a
grupos que presentaban vulnerabilidades sociodemográficas y desventajas que se
traducían en condiciones de salud deterioradas.
En los países y territorios con altos niveles de pobreza, sistemas de protección social y de salud debilitados o fragmentados, y mayores niveles de desigualdad, las personas mayores han padecido de forma
[1]
Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL. B. Personas mayores,
pág.64.
.
más
profunda los impactos físicos, psicológicos, económicos y sociales de la
pandemia (Naciones Unidas, 2020e).
De
acuerdo con el Panorama Social de América Latina, 2021 (CEPAL, 2022a), los
efectos de la pandemia han puesto de manifiesto y exacerbado las grandes
brechas estructurales de la región, principalmente los niveles de desigualdad,
informalidad laboral, desprotección social, pobreza y vulnerabilidad.
Estos problemas afectan mucho a las
personas mayores, particularmente a las mujeres y las personas mayores con
discapacidad[1],
que tienen oportunidades de trabajo limitadas y pensiones y protección social
inadecuadas. Esto, sumado a las condiciones epidemiológicas de la población de
personas mayores, mostró desde el inicio efectos diferenciales de la pandemia
respecto de otros grupos etarios y ha puesto en evidencia la vulnerabilidad en
que vive buena parte de esta población, al mismo tiempo que se ha traducido en
una mayor demanda de atención especializada y crítica de salud y de cuidados.
Por otra parte, las personas mayores con problemas de salud preexistentes han retrasado el tratamiento de sus enfermedades preexistentes y se han expuesto a niveles de estrés muy elevados ante el temor de contagio. Además, aún se desconoce el impacto de la experiencia de soledad y aislamiento durante el confinamiento en
[1]
CEPAL-Recuadro II.1
.
la
salud mental (Huenchuan, 2020)[1] en las personas mayores
con discapacidad.
Las comorbilidades que tienen las personas
mayores con discapacidad aumentan el riesgo de que presenten casos más graves
de COVID-19 si contraen la enfermedad.
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
indica que esto se debe principalmente a que el COVID-19 “exacerba los
problemas de salud existentes, en particular los relacionados con la función
respiratoria o la función del sistema inmunitario, o con cardiopatías o
diabetes”; además, las personas mayores con discapacidad “podrían encontrar obstáculos
para el acceso a la atención de salud”[2].
Un análisis de los resultados de los
censos más recientes permite advertir que la proporción de personas de
60 años y más que tenían algún tipo de discapacidad varía del 14% en
Guatemala y Colombia al 35% en el Perú. A los 80 años y más, la prevalencia de
la discapacidad aumenta aún más y llega a alrededor del 30% de las personas de
ese grupo de edad en Colombia y Guatemala y el 58% de esas personas en el Perú.
En todos los países, este porcentaje es levemente mayor en las mujeres que en
los hombres (véase el cuadro).
De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la relación positiva entre edad y discapacidad
[1]
CEPAL-Los impactos sociodemográficos de la pandemia de COVID-19 en América
Latina y el Caribe. pág.65
[2] (OMS, pág. 2)
.
permite
suponer que muchas personas mayores que han tenido COVID-19 fallecieron por esa causa y tenían alguna
discapacidad.
La
CEPAL también reconoce que la discapacidad representa un mayor riesgo de
contagio, pues dificulta más la protección contra el virus. Las discapacidades
visual y motriz obligan a un mayor contacto con las superficies, lo que aumenta
el riesgo de contagio. Además, a las personas mayores con discapacidad no
necesariamente les resulta accesible la información sobre la prevención, y las
posibilidades de tener acceso a mecanismos de prevención, diagnóstico y
tratamiento muchas veces no dependen de sus decisiones y posibilidades,
especialmente cuando estas personas, que enfrentan el estigma del
envejecimiento y de la discapacidad de manera simultánea, residen en
instituciones de cuidado de largo plazo.
[1]
CEPAL. pág. 68.
[2]
CEPAL. Pág.67
.
sin
acceso a servicios de energía limpia y segura también estuvieron expuestas a
mayores riesgos derivados de: 1-la exposición a temperaturas extremas; 2- el
uso de fuentes de energía contaminantes para cocinar o calentar las viviendas,
lo que propicia las afecciones en las vías respiratorias, y 3- la carencia de
electricidad que les permitiese tener acceso a las TIC y con ello a
información, a servicios médicos y educativos, y a fuentes de suministro de
bienes esenciales y de empleo (Calvo y otros, 2021). El acceso diferencial a
las TIC también se ha configurado como un elemento desigualador.
Sunkel y Ullman (2019), sobre la base de
datos de encuestas de hogares de ocho países de la región, informan que las
personas mayores tienen menor acceso a Internet que otros grupos etarios de la
población. Los Adultos Mayores han presentado mayores dificultades para lograr
la inclusión digital pues, además de las desigualdades que han acumulado a lo
largo de la vida, se enfrentan constantemente, en materia de tecnología, a
discursos negativos y excluyentes.
En América Latina, el grupo etario de personas mayores es el más aislado de las tecnologías digitales, lo que muestra una profunda brecha digital (Sunkel y Ullman, 2019). La pandemia ha mostrado la vigencia de la necesidad de disminuir la brecha digital de las personas mayores para que logren mantener sus vínculos sociales, fortalecer y ampliar sus redes de apoyo, obtener disminución de la brecha tecnológica. A su vez, las mujeres mayores que han realizado trabajo doméstico o de cuidados a lo largo de su curso de vida presentan una brecha digital mucho más amplia. Por lo tanto, es necesario repensar los sistemas educativos formales y no formales e imaginar nuevas formas de garantizar la educación a lo largo de la vida[1].
Las políticas y los programas de inclusión digital deben partir del reconocimiento de la existencia de desigualdades estructurales y acumuladas en el curso de la vida, que delinean entornos de inequidad en las esferas del acceso, uso y apropiación de las TIC (Alva de la Selva, 2015; Ferraro y Shippee, 2009), y tomar en consideración mecanismos con perspectiva de género que se encuentren vinculados a las realidades del trabajo de cuidado.
*Doctoranda
en Ciencias de la Salud
*Diplomada
en Neurociencias
*Especialista
en Educación Superior y Nuevas Tecnologías y Políticas y Programas
Socioeducativas
Prof. en
Geografía y Ciencias Biológicas.
Otras especializaciones
Bibliografía
CEPAL/FILAC (Comisión Económica para América Latina y el Caribe/Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe) (2020), “Los pueblos indígenas de América Latina - Abya Yala y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: tensiones y desafíos desde una perspectiva territorial”, Documentos de Proyectos (LC/TS.2020/47), Santiago.
[1]
CEPAL 2020. Pág.69
UNESCO
(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura) (2021), “A un año del comienzo de la pandemia: continuidad educativa y
evaluación en América Latina y el Caribe en 2021”, Documento de Programa,
junio. Velasco, T., J. Rodrigues y L. Sobral (2021), “Planejamento urbano e
saúde nas ciudades: um diálogo inevitável. Entrevista com Suzana Pasternak e
Natalia Pasternak”, e-metrópolis, Nº 44 año 12, marzo.
2020a), “COVID-19 y
los derechos de las personas con discapacidad: directrices”, Ginebra, abril [en
línea] https://www.
ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Disability/COVID-19_and_The_Rights_of_Persons_with_Disabilities_SP.pdf.
(2020b), “Declaración Conjunta: Personas con
Discapacidad y COVID-19 por el Presidente del Comité de Naciones Unidas
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en representación del
Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Enviada
Especial del Secretario General de Naciones Unidas sobre Discapacidad y
Accesibilidad” [en línea] https://www.ohchr.org/es/statements/2020/04/joint-statement-persons-disabilities-and-covid19-chair-united-nations-committee.
Banco Mundial
(2020), Inclusión social en Uruguay, Washington, D. C. [en línea] https://www.gub.uy/agencia-uruguaya-cooperacioninternacional/comunicacion/publicaciones/inclusion-social-uruguay-2020
. Batthyány, K.
(2010), “Envejecimiento, cuidados y género en América Latina”, documento
presentado en el Seminario Internacional “Experiencias internacionales y
propuestas para consolidar la red nacional de cuido de las personas adultas
mayores en Costa Rica” San José, 22 y 23 de noviembre. Bautista, J. (2013), “El
derecho humano al agua y al saneamiento frente a los Objetivos de Desarrollo
del Milenio (ODM)”,